La identidad sexual es un tema siempre a debate, siempre abierto y siempre tiene alrededor polémica social. Vivir con una identidad de género diferente a la biológica es, y ha sido, para muchas personas un drama personal y social y un motivo de exclusión. Son muchos los casos y han sido muchos los avances y retrocesos legislativos.

Si bien se han hecho avances importantes en la legislación por el reconocimiento de los derechos LGTB, es la T, en la identidad de género, donde se encuentran las mayores dificultades. A nivel internacional, ha habido declaraciones importantes para acabar con la discriminación trans, y se recoge de forma importante en la Declaración de Montreal en 2006, pero también conocemos situaciones altamente preocupantes y asesinatos impunes y los instrumentos legislativos para defender los derechos humanos de las personas trans no son suficientes.

En Europa ha habido avances importantes que han reconocido que la discriminación por razón de reasignación de género ha sido considerada discriminación por razón de sexo, pero aún así quedan al margen las personas trans que no estén en proceso de operación de cambio de sexo.

Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aplicando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, estableció en diferentes sentencias que los estados de la Unión deben proporcionar a las personas transgénero la posibilidad de acceder a cirugías para la reasignación completa de género es evidente que nos encontramos ante una constante vulneración de este hecho, de este derecho.

El último caso es el de María Jesús Lastra en el Principado de Asturias. Lastra reclamó al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) para agilizar la operación de cambio de sexo y demandó SESPA por el tiempo de espera, dado que lleva más de siete años esperando la operación. El período de espera establecido es de cinco años y, actualmente, hace ya más de un año que Lastra firmó los papeles de consentimiento de la operación. María Jesús Lastra aporta 15 años Hormonas y 7 años esperando la cirugía, corriendo un gran peligro de salud, dado que algunos cirujanos recomiendan un periodo máximo de 2 años de hormonación.

Para Gina Serra, de la Asociación de transexuales, intersexuales y transgéneros de Catalunya, dada la situación:

“No entiendo que el PP quiera imponer una cartera única de servicios sanitarios e implantar el copago en España, cuando se ha luchado durante muchos años por unos servicios públicos universales. Que las operaciones de cambio de sexo, seguirán siendo un servicio básico, pero sólo en casos patológicos, de hecho, sólo para personas intersexuales es decir sólo hombres y mujeres, las identidades son mucho más amplias. Unos gobernantes no pueden despreciar con sus argumentos transfóbicos a un colectivo que está en exclusión social por el solo hecho diferencial de la identidad ”

En el caso de Lastra, Serra no lo ve como un caso aislado y es necesario que los gobiernos tomen conciencia y compromiso:

“Entiendo que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) no tiene un compromiso con un colectivo sensible que está en la exclusión social y por lo tanto las administraciones tienen el deber de trabajar sobre esta exclusión en sus diferentes ámbitos y uno es el de la asistencia sanitaria entre otros, por ello es necesario el compromiso del SESPA en Asturias a determinadas personas transexuales como es el caso de María Jesús Lastra que no tiene recursos para esta intervención ”

La discriminación de las personas Trans es un hecho, el incumplimiento de las declaraciones internacional, la jurisprudencia comunitaria también así como la legislación estatal. Es necesario, pues, mejorar los instrumentos legislativos para la no discriminación y velar por el buen cumplimiento de las normas así como la calidad de vida y los derechos humanos del colectivo LGTB y, haciendo énfasis en los derechos de las personas trans.