Por una ley aprobada por las Cortes y sancionada por el rey, el 26 de diciembre de 1978, y publicada al B.O.E. del 11 de enero de 1979, se modificó –ahora hace treinta y cinco años- la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social (LPRS), para excluir los homosexuales, los rufianes y proxenetes, los menores abandonados o pervertidos y los que tenían trato habitual con malhechores.

La LPRS, que fue aprobada por el régimen franquista el 4 de agosto de 1970 (B.O.E, del 6 siguiente), creaba en las provincias unos Juzgados Especiales de Peligrosidad y Rehabilitación Social, y sustituía la La Ley de Vagos y Maleantes (LVM), de 4 de agosto de 1933, para el control de todos los elementos considerados antisociales por la dictadura. Esta LVM había sido modificada, el 15 de julio de 1954, para incluir los homosexuales. La LPRS fue derogada completamente por una Ley Orgánica de 24 de noviembre de 1995 (BOE del día siguiente). En un informe elaborado por dos investigadores se revelaba que, por lo menos, unos mil homosexuales fueron encarcelados, entre 1970 y 1979, por el régimen franquista, por la aplicación de la LPRS.

Los precedentes de la ley de peligrosidad

En los años 20 y 30 del siglo pasado estaba en plena efervescencia –sobre todo en los países totalitarios- la llamada “Doctrina de la Defensa Social”. Esta doctrina afirmaba que existían unas conductas que, sin estar tipificadas como delitos, denotaban un peligro para la sociedad por cuanto se podían considerar predelictivas. Para proteger la sociedad de estos peligros y corregir los individuos que las realizaban, el Estado, actuando de una manera paternalista, les imponía unas medidas de seguridad para “rehabilitarlos socialmente” que en realidad eran puras normas represivas.

El anteproyecto de la LPRS fue redactado por un juez catalán, Antoni Sabater i Tomàs, que era conocido por su animosidad contra malhechores y homosexuales. Pretendía que los homosexuales mayores de 16 años fueran declarados peligrosos sociales por el simple hecho de serlo. El anteproyecto fue discutido en las Cortes y fue afortunadamente modificado en el sentido que los homosexuales no fueran imputados por el simple hecho de serlo sino aquellos que probadamente realicen actos de homosexualidad, o sea, más de una vez. Esto fue el resultado de un debate dentro del Congreso de los Diputados a raíz de unos trabajos sobre homosexualidad y legislación que todos los diputados recibieron de la revista gay francesa Arcadie, por indicación del clandestino Movimiento Español de Liberación Homosexual(MELH), que se pudo apuntar su primer éxito.

Con la nueva ley, las prácticas homosexuales –a excepción de casos de escándalo público, criminalizados por el Código Penal en su artículo 433- no eran consideradas delictivas, pero sí predelictives y por esto la LPRS aplicaba unas “medidas de seguridad” orientadas a rehabilitar los inculpados, o sea, a convertirlos en “normales”, en heterosexuales. Unas medidas de seguridad, de sucesiva aplicación, entre seis meses y cinco años, tan absurdas cómo inútiles: internamente en centros de rehabilitación social, destierro de la provincia donde vivía el inculpado y presentarse, cada tantos días, en un cuerpo de funcionarios especiales, que nunca se creó y que fue sustituido por la policía o la guardia civil.

Democracia y derogación de la ley

A la muerte del dictador, el MELH va ser sustituido, el mismo año 1977, por el Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC), cuya primera campaña tuvo por hito la abolición de la LPRS a base de artículos, entrevistas, actos sociales y, principalmente, manifestaciones ciudadanas. Para todos los hombres y mujeres gais podemos decir que, por primera vez a la historia de Catalunya, en más de mil doscientos años, la conducta o las prácticas homosexuales, libremente consentidas, no son objeto de ningún tipo de discriminación legal, y que, incluso, las actitudes, declaraciones, insultos, vejaciones, escritos, etc. de carácter homofóbico, ahora, son penadas por las leyes. Y esto gracias a la lucha dirigida -hace treinta y cinco años- por los propios colectivos. Las minorías, oprimidas o reprimidas, si no luchan para obtener los derechos y libertades de que disfrutan las mayorías, no los consiguen nunca; es lo que ha pasado con las feministas y con los negros entre otros.

Armand de Fluvià, genealogista y heraldista de profesión, ha dedicado una parte importante de su vida a la reivindicación de los derechos del colectivo LGTB. En 1970, bajo el franquismo, fundó el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), y fue fundador y primer secretario general del Frente de Liberación Gay de Catalunya (1975) y también presidente del Instituto Lambda (1976). En 2000 recibió la Cruz de Sant Jordi y en 2008 la Medalla de Honor de Barcelona. En la actualidad es presidente honorífico del Casal Lambda.